Los derechos reproductivos de las trabajadoras del hogar se ven vulnerados con frecuencia debido a las precarias condiciones laborales, así como a la ausencia de prestaciones de seguridad social. En este sentido, el despido de las trabajadoras del hogar por estar embarazadas es una práctica frecuente, en ocasiones, se debe a que las personas empleadoras temen que el trabajo doméstico, que implica tareas pesadas y riesgosas para una mujer embarazada, afecte su salud o la del producto, aunque también puede deberse a la creencia de que serán menos eficientes o productivas.
En un contexto donde las trabajadoras del hogar carecen de derechos laborales, como atención obstétrica y días de descanso antes y después del parto, son ellas quienes deben hacerse cargo de las implicaciones de cursar un embarazo.
La mayoría de las trabajadoras del hogar, al no estar afiliadas al seguro social, no perciben un sueldo durante el tiempo que están inactivas. En casos relacionados con el nacimiento de un hijo o hija, las personas empleadoras no pagan a las trabajadoras del hogar el tiempo que están inactivas antes de regresar a su trabajo.
Con frecuencia las trabajadoras del hogar no cuentan con licencias de cuidado, estancias infantiles o guarderías que les permitan el cuidado de sus propios hijos e hijas. En consecuencia, el ejercicio de la maternidad o de otro tipo de cuidados se hace posible gracias al apoyo de las abuelas, las hijas mayores u otras personas de la familia a quienes se les delega la tarea de asumir actividades de crianza y cuidados, mientras ellas proveen los recursos necesarios para la subsistencia de sus hijos e hijas.